jueves, 26 de abril de 2012

La televisión pública se despide de su libertad


En efecto, la televisión pública se despide de su libertad, y empieza haciéndolo en cuanto a la forma de elección del Consejo de Administración de RTVE y al presidente de ésta, para el cual Rajoy ya ha elegido un candidato que, vete tú a saber por qué, es rechazado por Rubalcaba ¿Quién es el propuesto? En el entorno de ambos líderes se guarda un absoluto silencio sobre la identidad de esa persona ya que Rajoy pidió que fuera secreta para no herir a ese candidato en el supuesto de que finalmente no saliera. Yo creo más bien que para no causar más revuelo, porque al fin y al cabo, qué más dará que se sepa o no, si el PP hará lo que le dé la real gana, que para eso hemos hecho que ganara las elecciones con mayoría absoluta, ya esté de acuerdo o no el PSOE. De hecho ya han empezado a prescindir de ellos con un nuevo decreto. Nadie más que no sea el PP tiene voz ni voto en este asunto, ni en muchos otros claro está.

El gobierno ha abandonado el consenso con el PSOE para elegir únicamente ellos a los miembros y al presidente del consejo. El modo de librarse de los dos tercios del congreso ha sido, ya comentado anteriormente, la invención de un decreto ley en el cual se legisla que esta decisión no tiene la necesidad de ser aceptada por las partes designadas para ello en el congreso, sino que la decisión recaerá solamente en el gobierno. Esto es lo que pasa cuando un partido gana con mayoría absoluta, que se pone a inventar leyes que únicamente favorecen a su modo de gobierno.


El PP ha insistido en que se han visto obligados a cambiar las reglas y a dotarse de una nueva ley para nombrar al presidente de RTVE para "desbloquear" la situación de Radiotelevisión Española, ya que acusan al PSOE de ejercer un bloqueo en la elección del consejo y su presidente. Se supone que el decreto ley ha surgido por no haber llegado a un acuerdo entre PP y PSOE.  El gobierno sostiene que hubo una negociación previa antes de implantar esta nueva ley y señala que el PSOE no puede desmentirlo ya que se puede demostrar, aunque no explican cómo. ¡Claro que no explican cómo! Ni siquiera han dejado claro qué es lo que bloquea el PSOE.

Con esta modificación de la ley, el PP echa por tierra uno de los avances más significativos en la historia de RTVE, su democratización y una televisión pública que goza de libertad de expresión. Ante este golpe, los socialistas estudiarán presentar un recurso de inconstitucionalidad porque no hay razones que justifiquen un decreto ley.

Pero no conforme el PP con elegir sólo ellos a quienes dirigirán la cadena, el próximo Consejo de Administración de RTVE no tendrá miembros elegidos a propuesta de los sindicatos, ya que el decreto ley sobre la reforma en la elección y composición RTVE reduce de 12 a 9 los consejeros y, qué raro, que de los tres puestos que se eliminan, dos de ellos son los elegidos a propuesta de los sindicatos. Para justificarse, el gobierno alega que el número actual de miembros del Consejo de Administración es demasiado elevado “siendo imprescindible su reducción   para garantizar un funcionamiento eficiente de la Corporación”
El representante de los socialistas en el Consejo de Administración de RTVE, Miguel Ángel Sacaluga, expresó: “El decreto ley es un golpe de Estado en televisión. Supone que el Gobierno ha intervenido RTVE pero no para rescatarla sino para hundirla”.

Golpe de la crisis

Por si con esto no bastara, el recorte de 200 millones (que se dice pronto) del PP a TVE pone en jaque la supervivencia de la televisión pública. Esta reducción resulta un fuerte golpe para el modelo de televisión pública desarrollado en los últimos años. Para solventar el recorte, algunos consejeros de la cadena proponen recuperar la publicidad en TVE, que desapareció de la pantalla hará un año. También barajan vender derechos deportivos (Champions, Juegos Olímpicos, partidos de la selección) e incluso el cierre de algún canal, como Teledeporte. Si se hiciera este recorte, TVE también perdería la cuota de pantalla, que se reduciría al 8% y no se podrían comprar producciones como Cuéntame, Águila Roja o Amar en tiempos 
revueltos.


Veremos qué ocurre finalmente con la dirección de nuestra televisión pública, aunque no hace falta valerse de una bola de cristal para saber lo que pasará. Solo espero que no releguen la libertad de expresión, y por lo tanto de opinión, a un segundo plano.



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